lA UNIVERSALIDAD Y LA EQUIDAD: UNA META LEJANA EN MATERIA DE SALUD

Uno de los avances más importantes de la Constitución de 1991 fue la consagración de los derechos sociales, económicos y culturales, los que ligados al principio de la dignidad humana constituyen un pilar del Estado colombiano. Y como parte fundamental de estos derechos se encuentra la salud, derecho que tiene particular importancia a partir de su vínculo con el desarrollo de una vida digna.

La suerte de este derecho, sin embargo, ha sido bastante incierta, en especial, si se tiene en cuenta que a partir de la vigencia de la ley 100 de 1993, la prestación de los servicios de salud quedaron sometidos a un modelo que la concibe no como un derecho sino como un producto del mercado o una mercancía. En la actualidad, a pesar de que se presentan datos optimistas en la materia, lo cierto es que el efecto de la ley 100 ha generado una cobertura insuficiente y un manejo inequitativo de los recursos.

En la edición de El Espectador del domingo 4 de diciembre, Alejandro Gaviria hace un análisis interesante de los resultados que hoy presenta a la ciudadanía el gobierno del Presidente Uribe en materia de salud. Sostiene este columnista “…más allá de de los pronunciamientos optimistas existen serias dudas sobre la validez de las cifras y la viabilidad de las proyecciones…Según los resultados en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, publicados hace algunos días por Profamilia, el porcentaje de la población con niveles “bajos” de riqueza que no tiene seguro de salud supera el 40% en la totalidad del país…Estos resultados sugieren, entre otras cosas, que el discurso reiterativo y optimista sobre los resultados en salud pueden estar basados en cálculos equivocados o en cifras erróneas”

Lo cierto a la fecha de hoy es que la cobertura es tan solo del 71%, es decir que a 13`000.000 personas no se les garantiza su derecho. El sistema ha sido inequitativo desde un principio al establecer que el Plan Obligatorio de Salud (POS) para el Régimen Subsidiado cubriría solo el 50% de las patologías y actividades incluidas en el POS del Régimen Contributivo. Esta diferenciación se ha ampliado al establecerse desde marzo del año pasado los denominados subsidios parciales, los cuales cubren sólo el 25% de las patologías y actividades del POS del Régimen Contributivo. El Gobierno Nacional ha constituido un modelo en el que hay una salud para ricos y otra para pobres, donde los más damnificados han sido los usuarios y los más beneficiados los dueños de EPS y ARS (SALUDCOOP, catalogada como una de las 10 empresas más grandes de Colombia, por ejemplo, tiene utilidades de 44.000 millones de pesos anuales mientras que a un médico de la misma entidad se le cancela un salario de 1.2 millones de pesos mensuales). El Gobierno Nacional, además, ha contribuido al desangre de recursos del sistema al tomar 3.6 billones de pesos del FOSYGA (fondo donde llegan los aportes de los trabajadores al sistema de salud) para invertirlos en deuda pública y en CDTs en la banca privada. Es decir, mientras miles de personas no cuentan con la atención mínima de su salud, el sistema financiero se beneficia de los recursos recaudados para aquel fin.

Con un modelo que permite este tipo de distorsiones e iniquidades los resultados en materia de salud en Colombia siempre serán virtuales como lo son ahora. Es necesario crear un nuevo sistema en el cual, en primer lugar, se proteja y fortalezca la red pública hospitalaria; en segundo lugar, se elimine la participación de entidades privadas como las EPSs y las ARSs en la actividad recaudadora y por tanto se evite que éstas beneficien injustificadamente de la intermediación financiera del sistema; en tercer lugar, un sistema que en materia de cobertura de patologías sea igual para todos y por tanto implique la eliminación de los regímenes complementarios y la diferenciación entre régimen contributivo y régimen subsidiado. En síntesis, en Colombia es necesaria una transformación total del modelo creado con la ley 100 que se fundamente en el concepto de salud pública y conciba a la salud realmente como un bien inherente a la dignidad humana, como un derecho de todos los colombianos, marginado de la inclemencia de las leyes del mercado.