Estado Social de Derecho en Colombia: un sueño en retroceso. Razones para una propuesta alternativa_Primera parte

EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO EN COLOMBIA: UN SUEÑO EN RETROCESO  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

(Razones para una propuesta alternativa)

* Carlos Gaviria Díaz

El sueño constitucional

En 1991 se produce un hecho trascendental para la historia política de Colombia. Como consecuencia de la manifestación del inconformismo popular de diferentes sectores frente al antiguo sistema constitucional, los acuerdos de paz celebrados con el M-19, y acontecimientos violentos como la campaña de exterminio de la Unión Patriótica y los asesinatos de varios candidatos presidenciales, se expide una nueva Constitución política[1].

Se daba un paso así, después de varios intentos frustrados de reforma, a un cambio constitucional que contó con la participación de distintos representantes de la sociedad elegidos popularmente, y que superaba las difíciles circunstancias políticas y los formalismos jurídicos de la Constitución de 1886. Jaime Buenahora describe este proceso de la siguiente forma:

No sólo estábamos ante la primera Asamblea Nacional Constituyente de la historia colombiana elegida popular y democráticamente, sino ante una Asamblea que era expresión real de toda la Nación, conformada por representantes y voceros de las distintas regiones, pluralista ideológicamente y equilibrada en la distribución de las fuerzas políticas y sociales.[2]    

El papel protagónico del bipartidismo en la Asamblea Nacional Constituyente puede generar una visión menos optimista de este proceso. Sin embargo, es innegable que frente a las constituciones anteriores, la de 1991 representa un logro significativo en materia de participación democrática y pluralismo político, reflejado en un texto generoso en derechos sociales e individuales, mecanismos de protección de los individuos y defensor del estado de derecho. 

Este nuevo carácter, alimentado además por la necesidad de generar un poder político más equilibrado y alejado de los vicios del presidencialismo, es un sueño que quedó plasmado en el nuevo texto constitucional en su artículo primero:

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que integran y en la prevalencia del interés general.

La Constitución Nacional ante la política de seguridad democrática.

Transcurridos más de 10 años del nuevo cambio constitucional y después del fracaso de los diálogos entre las Fuerzas Revolucionarias de Colombia FARC- y el gobierno del Presidente Andrés Pastrana, la retórica de la seguridad democrática expuesta por Álvaro Uribe Vélez durante su campaña presidencial tuvo un efecto de persuasión muy fuerte en la opinión pública. Este candidato se presentaba como la figura salvadora que permitiría resolver los graves problemas de orden público, y la difícil situación en materia de corrupción y pobreza. Ello le permitió ganar con cierta holgura las elecciones a la Presidencia de la República.

Desde muy pronto, sin embargo, las acciones del nuevo mandatario empezaron a contrastar con el sueño plasmado en la Constitución de 1991. La Carta política apareció, en parte de sus fundamentos esenciales, como un obstáculo para desarrollar la consigna de la seguridad democrática y la política económica del gobierno. En este sentido, frente aspectos esenciales de la Constitución orientados a materializar garantías mínimas alcanzadas desde los orígenes del estado liberal y democrático de derecho, se pusieron en marcha propuestas de reforma que vislumbraban un perfil ciertamente autoritario del nuevo gobierno.  

El nuevo gobernante se dio a la tarea de reformar la Constitución de 1991 en materias tales como la restricción a la declaratoria del estados de excepción,  la ampliación de facultades del ejecutivo durante estos estados, la limitación de los efectos de la acción de tutela para la protección de los derechos sociales, la restricción de las facultades de la Corte Constitucional y la instauración de la figura de la reelección inmediata del Presidente de la República. Algunas de estas reformas, como es el caso de la reelección, han tenido éxito a partir de la influencia y presión del gobierno; otras, sea como consecuencia de vicios de procedimiento o por ausencia de respaldo, afortunadamente no han tenido la misma suerte.

Parecería extraño que adentrados en el siglo XXI y después de superados los años de afinidad y complacencia con los regímenes autoritarios en América Latina aparecieran signos de retroceso en torno a las garantías mínimas del Estado liberal y de derecho en una región en la cual la transición a la democracia parecía una etapa superada. Sin embargo, esa parece ser la situación actual de Colombia, circunscrita en un ambiente discursivo y de manejo de la opinión pública muy bien logrado por el gobierno.

Por su parte, en materia económica, la posición del gobierno actual esta incrustada en un marco bastante ortodoxo, fiel a los lineamientos generales que desde hace años se adscribieron al consenso de Washington. Desde esta perspectiva, se sostiene una permanente desconfianza en la capacidad del Estado como gestor de los servicios más esenciales de la sociedad, se desarrollan esquemas de privatización de empresas del Estado, y se lleva adelante un tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que llevará a la crisis a muchos sectores productivos del país. Dentro de esta lógica, los resultados son naturales: los niveles de inequidad, uno de los más altos en el mundo, continúan ascendiendo; la situación de pobreza es creciente e igualmente alarmante, y el efecto del conflicto mantiene una crisis humanitaria desconocida como prioridad para las autoridades gubernamentales. La consigna del Estado Social de Derecho enarbolada como uno de los mayores alcances de la nueva Constitución se convierte nuevamente en una quimera y las necesidades más urgentes de la población colombiana poseen una perspectiva de solución muy lejana.

El presente documento pretende presentar un panorama general de la situación colombiana actual vista desde la perspectiva señalada en las anteriores líneas. De tal forma, en la primera parte se presenta una descripción de la situación del Estado de Derecho en Colombia respecto a la puesta en marcha del plan bandera del presente Gobierno, es decir, la política de seguridad democrática. Y en segundo término, se describe la situación de crisis social vinculada directamente con el desarrollo económico del país dentro de un contexto que cada día hace más difícil ver cercana la materialización del Estado Social de Derecho plasmado en la Constitución Nacional. 

I. El estado de derecho en Colombia ante la política de seguridad democrática

Dentro de los rasgos centrales del Estado de Derecho se encuentra el deber de las autoridades de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ello implica que las fuerzas del Estado asumen el monopolio de las armas como mecanismo de garantía del ejercicio de un poder responsable y limitado. Aquel estribillo de la seguridad democrática creado por el gobierno actual dice responder a la necesidad de garantizar esta obligación. Además, se constituye como un eje central de toda la política estatal, dentro de la cual el resto de problemáticas del país aparecen como apéndices de este objetivo.

La política de seguridad democrática puede ser analizada a partir de tres ejes. En primer lugar, los medios físicos y simbólicos utilizados por el gobierno como herramientas de lucha contra los grupos insurgentes y de autodefensa. En segundo término, la situación relacionada con los efectos de la política y la efectividad de la misma reflejada en los índices de violación de los derechos humanos; y en tercer lugar, la revisión de los procesos e intentos de negociación con grupos armados al margen de la ley.

A. Los métodos de la seguridad democrática. 

Dentro de la perspectiva del Estado de Derecho las fuerzas del Estado son las únicas que deben ostentar el poder de las armas y, conforme a las normas del Derecho Internacional Humanitario, es su deber mantener a la población fuera del conflicto. La política de seguridad democrática es adversa a este supuesto si se tiene en cuenta varias de sus estrategias esenciales:

i.                    Los soldados campesinos

El gobierno nacional, desde sus inicios, planteó como herramienta de lucha contra los grupos al margen de la ley el reclutamiento de 100.000 soldados campesinos. Grupos de jóvenes habitantes en zonas rurales que son puestos al servicio de las estrategias de seguridad del Estado. Entre agosto de 2002 y marzo de 2003 se puso en marcha el reclutamiento de 15.000 de estos jóvenes en municipios pequeños. Para su incorporación se cuenta con un entrenamiento militar de tan solo tres meses después de los cuales los soldados son enviados a actividades de defensa y combate. Ello los hace abiertamente vulnerables en un contexto de conflicto armado que cuenta con grupos conformados desde hace más de 40 años[3].  Al respecto, la Comisión Colombiana de Juristas, organización no gubernamental con estatus consultivo ante la Organización de Naciones Unidas, ha sostenido:

Los soldados campesinos cuentan con un entrenamiento militar de escasos tres meses; posteriormente, desempeñan labores de combateMuchos jóvenes campesinos se ha incorporado al programa por presiones económica y por falta de opciones en la vida. A esto se añade el hecho de que, dentro de la actual política de militarización de la vida civil, se ha venido reforzando la idea de que quien no está con la fuerza pública está contra ella. De manera que los jóvenes que no se presentan ante los comandantes de brigada para ser reclutados son señalados posteriormente como auxiliadores de los grupos guerrilleros.[4]

Esta es la primera forma en que se involucra población civil dentro del conflicto y adicionalmente, se sustrae el componente humano más dinámico y vital para el desarrollo del campo destinándolo a actividades de guerra. Los resultados de estas medidas han empezado a demostrar su carácter perverso. El 1 de febrero de 2005 murieron 14 infantes de marina, entre ellos 4 pertenecientes al programa de soldados campesinos, y 25 resultaron heridos, como resultado de un ataque perpetrado por las FARC. La respuesta del Gobierno Nacional fue responsabilizar a los propios soldados.

ii.                 Redes de informantes.

Otro de los mecanismos primordiales de la política de seguridad lo constituye la red de informantes y cooperantes. La idea central de este mecanismo es que todos los habitantes del país actúen como fuente de información y cooperación con las fuerzas del Estado para la captura y enfrentamiento con los grupos armados. Para el mes de agosto de 2004, el ministro de Defensa afirmó que existían más de 2Ž500.000 personas registradas como cooperantes[5].

Una política de esta naturaleza no parecería extraña en un país en el cual se persigue a un delincuente o un grupo particular aislado que ha cometido uno o algunos crímenes. Tal no es el caso colombiano. En el país la población se encuentra polarizada frente a los grupos armados sea por afinidad política o por presión violenta. Ello implica que, al contrario  de contribuir a un escenario de paz, la presentación de una estrategia de informantes se convierte en un arma que permite alimentar el propio conflicto.

Prueba de ello es la comprobación en varios casos de que los testimonios que permiten realizar detenciones de líderes sociales y defensores de derechos humanos, provienen paramilitares reinsertados. Tal el es caso, a título de ejemplo, de la detención del grupo musical Pasajeros, cuyos miembros fueron detenidos como consecuencia de los testimonios rendidos por dos informantes que, por indagaciones de la Fiscalía General de Nación, se concluyó, eran reinsertados del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas[6].

Teniendo en cuenta que los medios de valoración y verificación de la información suministrada por estos cooperantes no son rigurosos se ha generado una multiplicidad de detenciones arbitrarias violatorias del debido proceso que sólo contribuyen a minar las frágiles bases del tejido social. En palabras de Maria teresa Uribe Hincapié:

Estos ciudadanos cooperantes, que se imbrican con el Ejército y con los organismos de seguridad, perfilan el despliegue de lo que podríamos llamar la sociedad vigilada, donde las confianzas entre vecinos, las viejas lealtades solidarias y las tramas de sociabilidad se fracturan, se disuelven, se atomizan, porque cualquiera puede ser el enemigo, cualquiera puede ser el informante y en este contexto de sospechas mutuas declinan las acciones colectivas, la deliberación pública, la organización social y termina imperando el silencio y el retraimiento de los individuos hacia la esfera privada y doméstica; ésta es otra manera de contribuir a la muerte de la política y a la desinstitucionalización del aparato estatal.[7]

iii.               Los planes de ofensiva militar.

Desde la administración del Presidente Andrés Pastrana se suscribió con el gobierno de los Estados Unidos el denominado Plan Colombia. Tal plan estaba diseñado para proveer de ayuda especialmente militar a Colombia con fines de avanzar en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos dio vía libre para que fuera utilizada en la lucha antisubversiva.

El Presidente Uribe continuó con la ejecución de este plan y lo aprovechó para adelantar la prioridad del componente militar de su gobierno. Esto ha implicado la inscripción de Colombia en la lógica antiterrorista promovida por Estados Unidos y, por lo tanto, ha generado una posición de apoyo irrestricto del país frente a la política del Presidente Bush que incluyó un desconcertante apoyo a la guerra contra Irak.

Los recursos provenientes de la ayuda de Estados Unidos más el incremento del presupuesto nacional destinado a este propósito han permitido adelantar operaciones militares de grandes dimensiones. Este es el caso del denominado Plan Patriota que tiene como objetivo combatir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC- en los territorios donde tienen mayor control y predominio (Meta, Caquetá, Guaviare y Vichada). Tal operativo ha desencadenado una sensible situación de los derechos humanos en aquellas regiones, lo que se refleja en un aumento sustancial de la población desplazada. De acuerdo con datos de la Comisión Colombiana de Juristas los departamentos cubiertos por el Plan Patriota se encuentran dentro de los 10 más afectados por el desplazamiento forzado. Adicionalmente, tal como lo señala la Comisión Colombiana, en muchos casos la incursión de la Fuerza Pública a las zonas es acompañada del asentamiento posterior de grupos paramilitares.   

iv.                Los estados de excepción

Durante la vigencia de la Constitución de 1886 la figura del estado de sitio fue utilizada de manera reiterada y permanente en Colombia. Ella permitía al poder ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, adquirir poderes especiales en materia de restricción de derechos individuales y asumir facultades legislativas. Esta situación permitió que durante décadas se produjeran medidas de excepción que en no pocas ocasiones reñían con los derechos individuales, tal como sucedió durante la vigencia del estatuto de seguridad expedido durante el gobierno de Julio Cesar Turbay.

La convicción respecto al carácter nocivo de esta figura fue uno de los aspectos que rodearon al Constituyente del año 1991. La posibilidad de generar un campo permanente de inestabilidad constitucional que dotaba de un perfil autoritario al Estado fue considerado como uno de los aspectos que debían ser corregidos, y por tanto, se optó por adoptar varias medidas al respecto. En primer lugar, se limitó en el tiempo la posibilidad de declarar el ahora denominado estado de excepción, y en segundo término, se determinó un sistema de control por parte de la Corte Constitucional de los decretos de excepción, incluido aquel que declara la situación especial.

Las medidas creadas por la nueva Constitución resultan adecuadas para alcanzar una distribución de poderes más equilibrada en el país y una democracia inscrita dentro de un verdadero estado de derecho, pero no se ajustan a la política de seguridad democrática del presente Gobierno. Recién posesionado en su cargo, el Presidente de la República expidió el decreto 1837 de 2002, por medio del cual se decretaba el estado de conmoción en todo el territorio nacional. Una de las medidas creadas en este decreto era el establecimiento de zonas de rehabilitación y estabilización dentro de las cuales las fuerzas militares asumían un control sobre las autoridades civiles y tenían una gran capacidad de restringir derechos fundamentales.[8] La Corte Constitucional, amparada en los artículos mencionados anteriormente asumió declaró varias de sus disposiciones inconstitucionales.

La actitud entonces del gobierno resultó bastante hostil ante tal decisión y no demoró en anunciar un proyecto de reforma a la Constitución Nacional precisamente dirigido a limitar las facultades de la nueva institución encargada de la salvaguarda de la Constitución. Al respecto señala el Colectivo de Abogados José Alvear:

Como reacción a estos fallos, el Ejecutivo busca, por vía de la reforma constitucional, ampliar sustancialmente el ámbito de acción presidencial mediante la eliminación del control judicial a los estados de excepción, y la reducción de las facultades de la Corte Constitucional, propuesta que no ha pasado en el Congreso. El Gobierno pretende decretar el estado de excepción permanente, de tal manera que las medidas que recorten derechos y libertades y la afectación de los demás poderes públicos no sean inconstitucionales. Esta segunda pretensión fue aprobada por el Congreso, en lo que se ha conocido como Estatuto Antiterrorista, mediante el Acto Legislativo No 02 de diciembre 18 de 2003.

Con el apoyo de la bancada uribista al mencionado Acto Legislativo, se modificaron los artículos 18, 24, 28 y 250 de la Constitución. Así, se sustituye el espíritu constitucional que buscaba que los estados de excepción fuesen temporales y no permanentes, se elimina también el impedimento constitucional de que los militares tengan funciones judiciales frente a civiles, (...)

Por fortuna, la bancada del Uribismo en el Congreso no siempre es lo suficientemente efectiva para hacer realidad los sueños presidenciales. Por vicios reprocedimiento la reforma a la Constitución (Estatuto Antiterrorista) fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. La aversión del gobierno frente a instancias que permitan el control de sus acciones, sin embargo, quedó en evidencia desde el principio del nuevo gobierno y no ha cesado de manifestarse hasta hoy. El intento de plantear una reforma constitucional que permita al Gobierno Nacional, decretar medidas tales como la atribución de facultades judiciales a los miembros de la fuerza pública o la restricción permanente de derechos fundamentales es una posibilidad clara en la actualidad, más aun si el gobierno actual logra triunfar en las próximas elecciones.   

v.                   La lucha contra el tráfico de drogas.

Con el correr del tiempo, a medida que el negocio de tráfico de drogas se fue consolidando en el país, el conflicto armado empezó a alimentarse de los abundantes recursos provenientes de esta actividad ilícita. En la Colombia de hoy es imposible reconocer los estragos que ha producido la penetración del narcotráfico en el conflicto y todos los ámbitos de la sociedad.

La lucha contra este fenómeno no podía faltar dentro de los elementos centrales de la política de seguridad democrática. Sin embargo, la manera de asumir esta tarea no parece dar resultados concretos muy alentadores y por el contrario ha conducido a generar crisis en aspectos como la salud y el equilibrio ecológico.

En este sentido, como en ningún otro gobierno, el presente ha adoptado como estrategia de lucha contra el narcotráfico las fumigaciones de cultivos ilícitos. Así lo afirma The crisis group:  

El área cultivada con coca en Colombia ha pasado e cuatro años, según informes oficiales, de cerca de 200.000 hectáreas a 113.085, cerca de la meta prevista por el Plan Colombia para el quinquenio. Así lo asevera el informe publicado por el departamento de estado en marzo de 2004. Por segundo año consecutivo se da una reducción de los cultivos en Colombia; en 2002 la reducción había sido del 15.1% y en 2003 fue de 21%[9].

Tal estrategia se ha implementado a pesar de las constantes recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en el sentido de que este medio resulta contrario a la Constitución Nacional y a la ley. Al respecto ha señalado la Defensoría:

En efecto, la forma como se ha desarrollado la estrategia de fumigación aérea de los cultivos ilícitos, además de haber mostrado su inefectividad - con el constante aumento de la extensión de los referidos cultivos en el país -, ha desconocido los principios y normas que buscan asegurar la salud y la salubridad pública, la protección y conservación del medio ambiente, y la protección especial que el Estado debe brindar a los más vulnerables. El desconocimiento de dicha normatividad ha llevado a que se tenga que pagar un alto costo socio-económico y ambiental por la ejecución del citado Programa y, lo que es más grave aún, ha afectado los derechos de miles de colombianos. [10]

Los efectos iniciales de estas medidas se pueden plantear en tres órdenes. En primer lugar, existen indicios claros de la afectación de la salud en las personas que habitan las zonas habitadas especialmente menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad, así como un alto índice de menores nacidos con malformaciones[11]. En segundo término, la afectación ambiental producida por la aspersión de los tóxicos es considerable y genera un deterioro en los suelos y las cosechas de cultivos lícitos, tal como se ejemplifica en siguiente aparte: De las 70 veredas del municipio de San José de Fragua, las fumigaciones afectaron 16 veredas de la cordillera y el 80% de los cultivos de pan coger.[12]

Y finalmente, con conocimiento previo del Gobierno nacional, se genera el desplazamiento forzado de miles de personas que salen de sus lugares de residencia como consecuencia de las fumigaciones. Así lo señala la Comisión Colombiana de Juristas: Desde inicios del Plan Colombia, el Gobierno estadounidense había advertido que las fumigaciones aéreas generarían el desplazamiento forzado de por lo menos 10.000 personas. A pesar de esta información, el gobierno colombiano persiste en incrementar las fumigaciones aéreas y no atiende a las víctimas.[13]   

Por su parte, los resultados en materia de reducción del tráfico de estuperfacientes no son significativos a efectos de la oferta en los países consumidores y no se compadecen con los daños generados por las fumigaciones. Prueba de ello es que la situación del conflicto armado persiste y los grupos que se financian de los recursos del narcotráfico no han sufrido derrotas importantes. Al respecto señala The Crisis group:

Sin embargo, el precio de la cocaína en las calles de los Estados Unidos no ha aumentado y los niveles de consumo siguen siendo altos, pese al incremento del 17 por ciento en los decomisos de cocaína en Europa y a un aumento sustancial en el consumo de cocaína en nuevos mercados como Brasil. () las redes de droga de los paramilitares parecen seguir intactas, y el grueso de sus bienes ilícitos, sobre todo en los sectores rurales de Colombia, se ha visto muy poco afectado. El gobierno no ha podido debilitar significativamente a las FARC --cuyos nexos con la droga son bastante fuertes--, pese a la intensificación de los programas de seguridad y al lanzamiento de una gran ofensiva militar (Plan Patriota) desde 2003. Las FARC siguen teniendo una fuerte presencia en la mayor parte de las regiones productoras de coca y amapola y participan activamente, junto con las AUC y la nueva generación de pequeños carteles, o "baby cartels", en el negocio del narcotráfico.[14] 

vi.                El  lenguaje como estrategia.

Los puntos mencionados anteriormente constituyen estrategias militares visibles que hacen parte de la política de seguridad democrática. Todas ellas han sido puestas de presente por el Gobierno de manera expresa. Sin embargo, no constituyen su única manera de accionar. Existe otro recurso no tan evidente de la política de seguridad democrática, utilizado con mucha habilidad por el Presidente de la República y que tiene implicaciones tan o más graves que las acciones militares. Se trata de la construcción de un discurso que invierte la realidad y hace ver un contexto  dentro del cual las acciones militares y la inclusión de la población civil en el conflicto aparecen ante la opinión pública como naturales y justificadas. Mauricio García Villegas, describe bien estas formas de accionar político:

Todos los regímenes políticos utilizan medios que se debaten entre la cruda aplicación de la fuerza física y la persuasión por medio de símbolos ideológicos u otros. Ambos mecanismos no son excluyentes: generalmente la decisión de recurrir a la fuerza física requiere de otra batalla, que se libra al mismo tiempo que aquella, a través de los medios de comunicación. Más aun, el desgaste de la capacidad de persuasión simbólica se traduce, por lo general, en un aumento de la violencia y viceversa.[15]

La batalla simbólica adelantada por gobierno actual, acompañada de los medios violentos, es una constatación de la afirmación de García. Esto se refleja en la distorsión del discurso del conflicto armado y su reformulación hacia la lógica de la lucha antiterrorista creada a partir de los hechos de 11 de septiembre.[16]

Desde hace algo más de 40 años Colombia asiste a una confrontación armada claramente circunscrita dentro de lo que de acuerdo con el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra constituye un conflicto armado de carácter no internacional. Sin embargo, el Gobierno se empeña en sostener que tal conflicto no existe y a cambio, encuadra la confrontación interna en la lógica del discurso antiterrorista. Ello permite poner en duda la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el país y dar el calificativo de terroristas a organizaciones que tradicionalmente se reconocen por su objetivo político. Organizaciones que ciertamente han recurrido a métodos degradantes no justificables desde ninguna perspectiva, pero que no por ello pierden su carácter político y menos aun la caracterización que de ellos dan los protocolos de Ginebra, es decir, como grupos que bajo las ordenes de un mando responsable tienen capacidad, en parte del territorio, de sostener operaciones militares concertadas y sostenidas[17].

Este discurso, legitima un esquema de persecución a individuos no vinculados con  grupos armados como la guerrilla pero que guardan afinidad con las demandas presentadas por aquellos grupos, y legitima también la política de detenciones masivas que adelante veremos. De la misma manera, busca hacer ver como justas las afirmaciones peyorativas de funcionarios del Estado encabezados por el propio Presidente en contra de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos[18].

Ese mismo discurso ha permitido desconocer las iniciativas de la población civil para apartarse de los efectos del conflicto armado. Tal es el caso reciente de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, quienes han manifestado su voluntad de declararse neutrales frente al conflicto y por tanto han rechazado cualquier presencia de grupos armados, incluyendo a la Fuerza del Estado. Este proceso ha sido acompañado por las Brigadas Internacionales de Paz, Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien  ordenó su protección especial. En días pasados dicha comunidad fue víctima de dos masacres, entre las cuales se identificaron como víctimas a algunos menores de edad.

Mientras surgían serias acusaciones por parte de la comunidad en el sentido de que los autores de la masacre habrían sido miembros de la Fuerza Pública, la reacción del Presidente consistió en acusar a los miembros de la comunidad de tener infiltrados de la guerrilla. El hecho de que los menores de edad fueran hallados degollados y las demás personas asesinadas con signos de tortura, fue un hecho irrelevante para el mandatario que no ameritó pronunciamiento alguno. Su respuesta a los hechos se orientó a deslegitimar a la comunidad y a ordenar la entrada inmediata de la fuerza pública en contra de la voluntad de los miembros de la comunidad y bajo el pretexto de que en un país en el cual operan grupos terroristas ningún lugar del territorio nacional puede estar vetado para la fuerza pública[19]. 

B. La situación general de los derechos humanos

Desde el año 2001, algunos índices de violencia han bajado, lo que refleja un avance en el control de los grupos armados y la disminución de ciertos delitos. Frente al control de la guerrilla, las FARC y el ELN, el gobierno nacional parece haber tenido resultados importantes que se reflejan en cifras como la disminución en un 27% de acciones violentas de los grupos armados entre 2002 y 2003 (tomas de pueblos, voladuras de oleoductos, ataques contra la infraestructura eléctrica), y en la reducción de secuestros y  masacres. [20]

Sin embargo, la situación está muy lejos de la superación plena del conflicto. Así sean ciertas algunas de estas cifras, a partir de la serie de ataques desarrollados por la guerrilla en el transcurso del último año no es claro si la disminución de ciertas actividades criminales obedece a la acción del Estado o a una estrategia de los grupos armados al margen de la ley que se han replegado durante los primeros años del gobierno y empiezan a reactivar sus actividades hacia el final del periodo.

Ahora bien, si el control de los grupos guerrilleros puede constituir uno de los aspectos en los cuales el gobierno nacional ha avanzado, la situación de las violaciones a los derechos humanos, en especial de líderes sociales y políticos, por parte de miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares es un problema en ascenso. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en el 2004, Se observó un incremento, comparado con 2003 de denuncias de ejecuciones extrajudiciales y violaciones al debido proceso.  Siguió siendo alto el registro de denuncias de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y desapariciones forzadas.  También se registró uso excesivo de la fuerza y otros abusos de autoridad en la represión de actos de protesta, y atentados a la libertad de opinión y expresión.  Igualmente se registraron violaciones a la integridad y dignidad personales mediante actos de violencia sexual.[21]

A continuación se presentan algunos datos que pueden contribuir a dar luces sobre estas afirmaciones. 

El derecho a la vida.

De acuerdo con los datos de la Policía Nacional, el porcentaje de homicidios en este año disminuyó sustancialmente en cifras totales en el país, lo cual parece ser un logro del presente gobierno. Sin embargo, la situación sigue siendo difícil y tiende a empeorar si se observa los núcleos geográficos en que los índices de homicidios han subido. La zona Metropolitana de Cali viene subiendo sus homicidios levemente desde 2001. En 2004 subirían entre el 3% y el 4% respecto de lo ocurrido en 2001, 2002 y 2003. Así mismo, en el departamento del Valle subirían en cerca de 20 puntos respecto de lo ocurrido en 2003. Otras circunscripciones que subieron entre 2003 y 2004 fueron Caquetá con el 19%, Cauca con el 17%, Casanare con el 24%, Chocó con el 59%, La Guajira con el 13% y Putumayo con el 19%. En Arauca bajó el número de homicidios, pero mantiene la tasa más alta del país.[22]

La situación del derecho a la vida, desde esta perspectiva, es aun grave desde el punto de vista cuantitativo y también cualitativo. Es decir, el asunto no solo cuantas personas mueren asesinadas sino qué personas lo son y porqué razones. De acuerdo con datos de la Comisión Colombiana de Juristas, 2.512 personas perdieron la vida en Colombia en el primer semestre de 2004 por razones sociopolíticas. De ellas, 1.356 fueron asesinadas o desaparecidas fuera de combate y su autoría fue atribuida al Estado en un 73.23%, del cual el 17.31% fue por perpetración directa y el 55.92% por omisión, tolerancia o aquiescencia con grupos paramilitares. A las guerrillas se atribuyó el 26.77% de estos casos.

A pesar de la disminución del número de violaciones al derecho a la vida en el 2003, la proporción de personas asesinadas fuera de combate sigue siendo muy similar: 57.37% en el 2003 frente a un 53.98% en el 2004.

De estas cifras, es especialmente importante y preocupante destacar que mientras el número de víctimas de grupos paramilitares y guerrilleros disminuyó, el número de violaciones atribuidas a la Fuerza Pública aumentó sustancialmente. Entre 1998 y 2002, el número de estos casos era de un promedio de 60 por semestre. En el primer semestre de 2003 fue de 184 casos y en primero de 2004 fue de 139[23].   

El derecho a la integridad

De acuerdo con los datos de la Comisión Colombiana de Juristas entre enero y junio de 2004 se registro un promedio de una víctima torturada por cada dos días. Durante dicho período fueron víctimas de torturas por lo menos 96 personasEn cuanto a las presunta autorías, el 70.84% del total de los actos de tortura cometidos durante el periodo en estudio fue atribuido al Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 34.38% (33 víctimas); por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 36.46 % (35 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la presunta autoría del 9.38% (9 víctimas).[24]