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Carlos Gaviria Díaz
UN MODELO DESAFORTUNADO PARA LA EDUCACION (04 de Noviembre de 2005 14:11:50)El modelo económico impuesto en Colombia y que obedece a los postulados del consenso de Washington, se dirige en una dirección que hace imposible asegurar el cumplimiento de derechos esenciales para la democracia como el derecho a la educación. Prueba de ello, son los actuales resultados sobre deserción escolar.
En el blog anterior hacia referencia al tema del modelo económico como elemento central de la crítica que se debe hacer a los gobiernos que, en particular desde los años 90´s, han dirigido al país. Las consecuencias que genera ese modelo hacen imposible, a mi juicio, el logro de uno de los postulados esenciales de nuestra Constitución, principio que he adoptado como el eje de dirección de nuestra propuesta política: LA DEMOCRACIA.Un modelo económico que admite y genera una situación generalizada de pobreza e iniquidad aberrante no puede dar lugar a un sistema político democrático. En este sentido, la inclusión de la idea del Estado Social de Derecho en la Constitución de 1991 tiene un significado infinitamente valioso que permite entender que el logro de los derechos sociales, es decir, los derechos a la educación, el trabajo, la salud y la seguridad social, entre otros, son requisitos esenciales para el alcance de la democracia.
El derecho a la educación es uno de los casos paradigmáticos que permiten sustentar esta afirmación. De la posibilidad de que una persona cualquiera se ilustre, entienda de mejor manera su entorno y obtenga los conocimientos necesarios para insertarse en el mercado laboral, depende también su capacidad de tener un criterio político claro y menos vulnerable a la manipulación política, práctica muy corriente en los gobiernos colombianos en los últimos años.
El modelo económico impuesto en Colombia, que plantea una línea de continuidad con los postulados del consenso de Washington, o el denominado modelo neoliberal, señaló una dirección muy particular frente a la política de los derechos sociales antes mencionados. La característica esencial del camino marcado por aquel modelo consiste en someter la garantía de los derechos sociales a los parámetros del mercado. Fue lo que sucedió con la ley 100 que convirtió a la salud en una mercancía y es lo que sucede con un sistema educativo sometido a una presión por el aumento de cobertura, a bajo costo, con baja calidad e persistente en esquemas de racionalización docente.
A pesar de que una de las funcionarias del Gobierno Nacional más calificadas es la ministra de educación, el modelo no ha permitido resultados satisfactorios y el sector de la población más desprotegido sigue siendo el de los más pobres. Al respecto, un informe de la Contraloría General de la República presenta cifras contundentes frente al problema de deserción escolar que permiten concluir que lo avanzado en aumento de cobertura se desdibuja con las cifras de deserción.
La Contraloría señala al respecto: “Para tener una idea del fenómeno de la deserción escolar en Colombia, con base en la población total matriculada en educación básica y media en 2004 (10’524.547 estudiantes) y ante una tasa de deserción promedio de 7% anual, solamente terminaría el ciclo completo de educación el 47% de los estudiantes que lo iniciaron. Tan solo en 2004 abandonaron el servicio educativo casi 760 mil estudiantes, lo cual implicó que el Estado y la sociedad perdieran, por causa de este fenómeno, más de $680 mil millones invertidos.”
A parte de ello, una vez más, la Contraloría confirma que los sectores más afectados por esta política son los sectores más pobres. De tal manera, “Si bien a partir de Ley 715 de 2001 ha habido significativos incrementos en cobertura, los criterios allí adoptados han descuidado las regiones y los sectores más pobres, en donde se registran los mayores niveles de deserción. Cabe observar que, según el DANE, la inasistencia a la escuela de la población entre 5 y 17 años se explicó en un 40% en 2003 por falta de dinero, lo cual refleja la situación de pobreza de una enorme proporción de la población colombiana que el Estado no ha atendido como una prioridad…. programas como los de gratuidad del servicio educativo y subsidios monetarios se han desarrollado de manera aislada y parcial y sin constituir aún una política pública nacional de educación.”
Mientras que en Colombia más de 30% del PIB es destinado al servicio de la deuda pública, el 4.9% del PIB es destinado al sector educativo. El problema es, por una parte, la ausencia de recursos suficientes para el sector, lo cual está determinado por la prioridad que se da en el presupuesto al gasto militar y al pago de la deuda, pero también, obedece a la lógica interna del sistema y los parámetros eficientistas que se manejan dentro de él. La solución debe partir de entender que el derecho a la educación debe ser tratado como tal, como un derecho social que no puede depender de las leyes del mercado, y en el contexto de un modelo económico acorde con el sistema democrático.
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