El derecho a la libertad y las detenciones masivas.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

El derecho a la libertad personal es uno de los puntos más críticos en materia de derechos humanos en el gobierno actual. En este sentido, la implementación de la política de reinserción y la red de informantes ha conducido a un aumento significativo de detenciones arbitrarias realizadas con violación del debido proceso. Buena parte de estas detenciones se dirigen contra activistas de derechos humanos y líderes sociales acusados de ser auxiliadores de la guerrilla como consecuencia de sus actividades sociales y políticas.

Entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2004, alrededor de 6.410 personas fueron privadas de la libertad de manera arbitraria o violando el debido proceso. Esta cifra significa un inusitado incremento con respecto a lo ocurrido durante los seis años precedentes: entre julio de 1996 y junio de 2002, alrededor de 2.869 personas fueron detenidas arbitrariamente en Colombia.[1]

La privación de libertad es una medida que puede ser tomada por el Estado cuando media un proceso de investigación previo llevado a cabo por autoridades civiles. La prueba de que el criterio asumido por las autoridades colombianas para realizar una detención es insulso y arbitrario se refleja en la siguiente afirmación Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia:

Llama la atención que la mayoría de las privaciones de libertad de las personas se generan por fuera del sistema judicial.  Según información de la Policía Nacional, sólo un 17% de unas 259.400 capturas, realizadas hasta el 10 de octubre de 2004, fueron en seguimiento de órdenes judiciales previas, mientras que la abrumadora mayoría del 82% (unas 205.300) figura como "capturas en flagrancia".  De las personas capturadas por los diferentes organismos de seguridad del Estado y puestos a disposición de la Fiscalía, alrededor del 8% lo fueron con órdenes de captura, y un 2% por detención administrativa, el resto habrían sido capturados en flagrancia.  Llama la atención la aplicación inadecuada del concepto de flagrancia utilizado, ya que se registra que más del 50% de la capturas están relacionadas con sospechas de pertenecer a los grupos armados al margen de la ley[2].

Igualmente, el número de personas dejadas en libertad después de ser capturados arbitrariamente refleja la falta de rigurosidad de los criterios para adelantar estas detenciones.   En este sentido, de acuerdo con la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos entre septiembre de 2002 y diciembre de 2003 un total de 6.038 personas fueron detenidas, de las cuales 4.846 corresponden a detenciones masivas (en donde fueron privadas de la libertad veinte o más personas), siendo 3.939 de dichas detenciones arbitrarias, y restablecida la libertad a 3.750 de ellas.[3]

Desde el inicio del periodo del presidente Uribe hasta agosto de 2003, de acuerdo con datos del Ministerio de Defensa, 50.470 personas habían sido detenidas. Lo que resulta paradójico es que la población carcelaria, al mes de noviembre de 2003 arrojaba una cifra de 62.541 personas, de ellas 26.838 en condición de sindicadas, es decir, que la inmensa mayoría de personas detenidas tuvieron que ser dejadas en libertad.[4]

El desplazamiento forzado.

Por su parte, el desplazamiento forzado sigue siendo en Colombia una de las mayores causas de la crisis humanitaria. Un total de 3`410.041 personas han sido despojadas de sus tierras o desalojadas de su lugar de residencia como consecuencia de las acciones violentas de los grupos armados entre 1985 y 2004. De la misma forma, este fenómeno ha causado una especie de contrarreforma agraria que conduce a la concentración de tierra. Estimaciones recientes sugieren que la tierra abandonada por desplazados en años recientes asciende a 4 millones de hectáreas, cifra que casi triplica la tierra redistribuida durante más de cuatro décadas de reforma agraria[5].

Al contrario de contribuir a la mejora de esta situación, las acciones armadas iniciadas como consecuencia de la política de seguridad democrática han generado un aumento de este fenómeno en zonas donde se desarrollan operativos del Plan Patriota y han sido poco efectivas en el control de la situación generada por los grupos ilegales[6]. 

De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) en un estudio financiado por Lutheran World Relief-LWR, Agencia Española de Cooperación Internacional-AECI, Consejería en Proyectos-PCS, Consejo Noruego para los Refugiados-NRC, OXFAM-GB y ACNUR, el año pasado, por lo menos 287 mil 581 personas fueron desplazadas por acciones atribuidas a la Fuerza Pública, a los grupos guerrilleros y a las facciones paramilitares. Es decir, el desplazamiento registra un aumento del 38.5% frente al año 2003 cuando se reportaron 207.607 personas desplazas[7].

Esta cifra presentada por CODHES se diferencia sustancialmente de la suministrada por el Gobierno Nacional a través de la Red de Solidaridad Social. Para  el mismo año la Red reporta 145.995 casos de desplazamiento. El contraste obedece a que problemas de subregistro en la entidad gubernamental, en la cual, por ejemplo, no se incluyen dentro del registro casos de desplazamiento forzado motivados por las fumigaciones a cultivos ilícitos o casos de desplazamiento parcial que no han logrado se registrados oficialmente en las cabeceras municipales. Adicionalmente, los datos de la RSS aun no están plenamente consolidados pues para el reporte de casos las personas tienen, de acuerdo con la ley, un año para registrar su caso[8].

Tal situación se vislumbra aun más grave si se tiene en cuenta la atención brindada por el Estado a esta difícil problemática.

Un estudio reciente de estas entidades (Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo) revela que sólo el 30.41 % de los hogares desplazados individualmente entre 1997 y 2004 y el 8% de las familias desplazadas de manera masiva recibieron atención humanitaria de emergenciaSegún el Programa Mundial de Alimentos, la población desplazada padece condiciones de vida peores que la población pobre y Žel 23% de las niñas y niños desplazados está en riesgo de desnutrición, siendo más afectados aquellos entre uno y dos años de edad`[9]

La asignación presupuestal para un fenómeno  de tantas dimensiones es un 30% menos que el destinado al proceso de reinserción de acuerdo con datos de la Contraloría General de la Nación[10]. En otros términos, el dinero destinado por el Gobierno nacional es más generoso con los victimarios que con las víctimas.

  El secuestro

En materia de secuestro los resultados del actual gobierno han sido positivos teniendo en cuenta la disminución que reportan las cifras oficiales.

Según cifras de secuestro reportadas por el Centro de Investigaciones Criminológicas, la práctica del secuestro en Colombia ha descendido en un 31% con respecto a 2003, año en que se reportaron 2.058 casos. Las cifras de la Policía Nacional sugieren un descenso en la práctica del secuestro por parte de los grupos guerrilleros; y un 24% en el número de secuestros perpetrados presuntamente por grupos paramilitares.[11]      

Sin embargo la situación es aun preocupante teniendo en cuenta que el fenómeno sigue desarrollándose en una dimensión preocupante. Entre enero y diciembre de 2004, 1.402 personas fueron víctimas de secuestro en ColombiaLos grupos guerrilleros fueron los presuntos autores del secuestro de 441 personas (31.46%) y los grupos paramilitares de 128 (9.13%). La delincuencia común secuestro presuntamente a 397 personas (28.325),[12]

Adicionalmente, en forma paralela al proceso de negociación adelantado con los grupos paramilitares, ha existido un incremento importante de los secuestros producidos por estos grupos. A pesar de que en el 2004, según las cifras presentadas anteriormente, este índice disminuyó, en cifras del periodo total de 2001 a 2004 ha aumentado. En este sentido señala la Fundación Seguridad y Democracia.

Respecto a la autoría de estos plagios, mientras que la participación de las FARC y el ELN ha venido descendiendo, la de las autodefensas y la delincuencia común ha ascendido. En 2002 las FARC fueron responsables del 32% de los secuestros mientras que en 2004 su participación sería del 21%; en 2001 el ELN fue responsable del 30% de los plagios, en contraste en 2004 este porcentaje bajaría al 10%. Paralelamente a estos descensos, los paramilitares han aumentado su participación: mientras que en 2001 era del 6.1% en 2004 es del 10%. Estos grupos realizaron 130 secuestros, un número muy elevado teniendo en cuenta que se encuentra en una tregua declarada a finales de 2002.[13]

C. La política de negociación con los grupos al margen de la ley.

A partir de diciembre de 2002, el Gobierno nacional inició diálogos con los grupos de autodefensa con el fin de lograr su desmovilización. El 1 de julio de 2004 se instaló la mesa de negociaciones en Santa Fe de Ralito (Departamento de Córdoba) y se estableció la zona de ubicación, lugar donde estarían concentrados los cabecillas de estas organizaciones hasta tanto se resolviera su situación jurídica. Desde entonces, el gobierno viene haciendo acercamientos con estos grupos para definir la forma en que se realizará su inserción a la vida civil.    

La importancia que posee este proceso para el Estado colombiano es infinita si se tiene en cuenta una serie de factores. En primer lugar, el origen de estos grupos y su conformación se debe a políticas del propio Estado adelantadas desde los años 60 con el fin de enfrentar a los grupos insurgentes. Surgen estas organizaciones dentro de un marco de legalidad que admitía y procuraba la participación de la población civil en el conflicto lo que les ha merecido el nombre de grupos paramilitares, y que posteriormente, en los años 80Žs, al demostrar los excesos y las dificultades que generaba fueron declaradas ilegales. En segundo término, estas organizaciones son las principales causantes de violaciones a los derechos humanos en el país y han recurrido a los medios más aterradores de confrontación en toda la historia del conflicto. De las muertes o desapariciones forzadas ocurridas entre julio de 1996 y junio de 2004, el 73.04 % se atribuyen a estos grupos[14], y entre 1988 y 2003, a partir de un estudio desarrollado por el CINEP, se les atribuye un total de 14.476 victimizaciones (asesinatos, torturas y desapariciones forzadas)[15]. Y tercer lugar, desde orígenes también, son grupos que expresamente han reconocido tener nexos directos con el narcotráfico y que por tanto ostentan un poder económico muy importante.    

El objetivo, por tanto, de un proceso de negociación con estos grupos armados debería estar diseccionado a lograr su desarticulación y su inserción pacífica a la vida civil. Sin embargo, la situación no resulta nada clara en este sentido, y por el contrario, existe un fuerte temor de que con el proceso de negociación se produzca un tránsito de estos grupos a la legalidad caracterizado por la impunidad, el lavado de activos provenientes del narcotráfico, y la consolidación y expansión de su poder político.

Dos tipos de razones permiten alimentar este temor frente al proceso. Por una parte, a pesar de que el Gobierno nacional dice mantener como condición de los diálogos el cese de hostilidades, según la Defensoría del Pueblo, esos acuerdos no han sido cumplidos. La Comisión Colombiana de Juristas señala al respecto:    

A pesar del compromiso asumido desde el 1 de diciembre de 2002 por parte de los grupos paramilitares, los ataques contra la población civil no han cesado. Desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2004, a estos grupos se les atribuyó la presunta autoría de por lo menos 2.241 casos de personas asesinadas o desparecidas forzosamente por fuera de combate,[16]

Igualmente, a partir de las denuncias presentadas por el Senador Rafael Pardo, los grupos paramilitares mantienen el control político y militar de por lo menos 300 municipios del país y de acuerdo con manifestaciones de uno de los líderes más destacados de tal organización, Salvatore Mancuso, 30% del Congreso de la República es cuota del paramilitarismo.  Por lo tanto, al contrario de generar una disminución del grupo, los diálogos ha transitado en un camino de fortalecimiento y expansión de los mismos. Al respecto, señala Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia:

Paralelamente al proceso de negociación con las AUC, se hizo de mayor conocimiento público la expansión y consolidación de los grupos paramilitares en varias partes del país.  Se conocieron actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas y el contrabando de armas, así como el control que estos grupos ejercen sobre las Administradoras de Régimen Subsidiado (ARS) en distintas regiones.  También se tomó conocimiento de los vínculos de jefes paramilitares con sectores políticos y miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Fiscalía en el departamento de Norte de Santander

A la inexistencia de una disminución real del poderío de este grupo, se suma el hecho de que el proceso de desmovilizaciones masivas de combatientes se ha realizado hasta hoy en medio de constantes críticas por parte de diferentes órganos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el extraño comportamiento del Gobierno Nacional respecto al proyecto de ley que conformará el marco jurídico que permitirá la desmovilización de los cabecillas de las organización.   

En cuanto al marco jurídico que hoy cursa en el Congreso, el hecho que causa mayor perplejidad es la posición ambigua del Gobierno nacional. Este radicó un proyecto de ley en el Congreso parcialmente ajustado a los estándares internacionales de derechos humanos, el cual había sido presentado ante la comunidad internacional con el fin de lograr apoyo económico al proceso de negociación. Sin embargo, pocos días después, el mismo Gobierno, en cabeza del Ministro del Interior, impulsó la aprobación de otro proyecto, el que hasta hoy está siendo aprobado, que se aleja ostensiblemente del marco internacional y difícilmente logrará garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. 

II. La situación social y económica.

A la situación general de orden público, descrita en la parte anterior, se suma la crisis social que vive el país desde décadas atrás. Mientras que el gobierno nacional dirige la mayoría de sus esfuerzos a combatir por medios coercitivos a los grupos armados, las condiciones sociales de fondo que han servido como causas del conflicto siguen vigentes y sin ser atendidas.  Los índices de pobreza no ceden, por el contrario aumentan, y los servicios sociales básicos sufren cada día más reformas en detrimento de la población más vulnerable. Ello, se circunscribe además en el marco de una propuesta de reforma impulsada por el gobierno a la acción de tutela, con el fin de recortar sus posibilidades de servir como instrumento de exigibilidad de derechos sociales conexos con derechos fundamentales.

De acuerdo con la Contraloría General de la Nación, los avances obtenidos en materia de lucha contra la pobreza se revirtieron a partir de 1997. El porcentaje de personas por debajo de la LP (Línea de pobreza) pasó de 53,8% en 1991 a 50,3% en 1997, pero este resultado pierde su trayectoria decreciente y alcanza el 59,8% en el 2000, En 2003, a pesar de la leve recuperación que el producto nacional ha tenido en los últimos años, la pobreza se ubica en el 64,2%.[17]  En este sentido, señala la Contraloría, no sólo han aumentado los pobres, sino que los que existen empeoran su situación, mientras en 1991 la pobreza extrema cubría al 20,4% de la población, en 1997 había descendido a 18,1%, pero aumentó al 23% en 2000 y se estima en 31% en 2003.[18].

Esta tendencia es aún más aguda en los espacios que sufren con mayor intensidad el rigor del conflicto armado, es decir, en las zonas rurales. De acuerdo con la Contraloría, De 68,4% de pobres en 1991 se pasó a 78,9% en 1997, a 82,6% en el 2000 y a 85,3% en 2003. Hoy, sólo el 47% de la población rural logra asegurar los ingresos requeridos para adquirir una canasta básica de alimentos.

Las cifras de pobreza presentadas se vuelven aún más graves si se tiene en cuenta que  Colombia ocupa el tercer lugar con peores índices de desigualdad en una región como Latinoamérica que, a su vez, se ubica como la segunda más desigual del mundo[19]. Es decir, a parte de poseer una gran población en estado de pobreza extrema, existe una desproporción abismal en la distribución de la riqueza.   De acuerdo con la Contraloría Los cálculos para 2003, () reportan un Gini para hogares de 0,5454, y de 0,5624 al considerar la distribución entre personas, lo que ubica a Colombia en una situación más desfavorable que la de América Latina en su conjunto donde, de acuerdo con el Banco Mundial, el Gini promedio es de 0,52 (). Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 20% de la población más pobre recibe el 2,7% de los ingresos totales de la nación, mientras que el 20% de la población más rica concentra casi el 62%[20]. 

Por su parte, el acceso a los servicios sociales presenta profundas deficiencias y desigualdades. La cobertura de los servicios públicos, la asistencia escolar y la afiliación al sistema de salud son superiores para los segmentos no pobres.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia la cobertura del sistema de salud es muy baja, 16 millones de personas no tienen acceso de ningún tipo al sistema general de salud. Es decir, que casi el 40% de la población total no está afiliada a ningún régimen que le permita obtener el servicio[21]. Adicionalmente, durante el año 2004 se empeoró la situación hospitalaria en materia de recursos y servicios, y no sólo persisten sino que se han incrementado buena parte de las enfermedades infecciosas e inmunoprevenibles[22].

Naturalmente, la inequidad en el acceso a este servicio es también algo notorio. El porcentaje de no afiliación de la población indigente y pobre es más del doble de la correspondiente a los no pobres.[23]

De acuerdo con Saúl Franco, esta situación no tiene perspectivas de mejora por dos razones. En primer lugar, porque en los proyectos de reforma al actual sistema de salud  y seguridad social que cursan en el Congreso de la República sólo se aprobarán modificaciones que corrijan aspectos de funcionamiento pero que consolidan y profundizan el modelo. Y por otro lado, debido a que con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, habrá nuevos problemas o el incremento de algunos otros, en especial en los campos de las patentes, la apropiación de elementos de la biodiversidad, el costo de los medicamentos y la calidad de la formación del personal de salud.

El panorama social no cambia en materia laboral y generación de empleo. El gobierno nacional desde el año 2002 impulsó una reforma a la legislación laboral que seguía los lineamientos generales de las recomendaciones del consenso de Washington. Desde esta perspectiva se subordina la política social a la política económica y al actual sistema de acumulación caracterizado por el estancamiento del nivel de empleo, el deterioro de los salarios reales y, por tanto, crecientes efectos excluyentes en el campo social.[24]

En el 2002 fue aprobada la Ley 789 que buscaba integrar un sistema de protección social. El supuesto fundamental consistía en que el desempleo es ocasionado por los costos laborales y por lo tanto se establecen como mecanismos de lucha contra éste la disminución de los salarios y la flexibilización de la contratación laboral. De tal forma, la carga de las medidas se imponía sobre los trabajadores disminuyendo sus garantías salariales y su estabilidad laboral, y se beneficiando la condición de los empresarios y  empleadores Frente a esta reforma destaca la Contraloría:

Aunque incluye medidas como el subsidio al desempleo, su escasa cobertura, el modesto monto de la prestación y su sesgo a favor de los ocupados del sector formal, limitan el ya precario nivel de protección social del país. Así, la reforma avanza muy poco en la transformación de la política social y no representa el cambio en la posición, el compromiso y el papel del Estado que la realidad social reclama.

Y frente a los resultados obtenidos de la reforma al año 2003 destaca la misma entidad:

En cuanto al ritmo de generación de empleo en el sector formal, las cifras indican que la variación del número de ocupados en el área urbana (cabeceras) entre el segundo trimestre de 2002 y el segundo trimestre de 2003 es de 728 mil, de los cuales solo el 17% (124 mil puestos de trabajo) corresponde a empleos en el sector formal, lo que devela que la reciente dinámica de la demanda de trabajo proviene del sector informal de la economía y, por tanto, no es atribuible a la reforma laboral.[25]

Comentario final.

Algunos de los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional actual no pueden ser desconocidos. Es cierto que durante el presente gobierno algunos índices macroeconómicos han mejorado parcialmente y algunas cifras de violencia han disminuido. Sin embargo, los dos ejes de la política del presidente Uribe; la política de seguridad democrática y las medidas económicas, dejan mucho que desear respecto a los beneficios obtenidos de ellas por parte de la población más vulnerable y pobre del país, que como se tuvo oportunidad de observar, son la gran mayoría de colombianos.

El problema del gobierno actual, al menos en algunos aspectos, no parece ser de ineficiencia o ausencia de trabajo. El problema es de la esencia de la política y de los lineamientos dirigidos por el Presidente Uribe. Lo que demuestran las cifras es que los mecanismos gubernamentales han servido fundamentalmente para mejorar las condiciones de los sectores de élite y para permitir la consolidación de un mecanismo armado como fórmula de salida para los problemas del Estado. Las causas de fondo de la crisis social y del conflicto son desatendidas y continuarán así mientras se insista en plantear medidas de coerción y herramientas irrestrictamente fieles al denominado neoliberalismo.