Nota aclaratoria:

                     El presente texto que presentamos a consideración de los movimientos y partidos políticos, recoge los aportes que durante dos (2) largos meses, emprendió el Comité Ejecutivo de Alternativa Democrática por mandato de su dirección nacional. La elaboración de estas “Bases Programáticas” fue producto de un trabajo colectivo y fraternal que hoy publicamos con el fin de ser discutidas y enriquecidas por los movimientos democráticos, los distintos sectores sociales y regiones del país. Se trata de un trabajo que busca cohesionar ideológica y programáticamente las luchas, movilizaciones y aspiraciones democráticas del pueblo colombiano.

                     Como se comprenderá estas “Bases Programáticas” constituyen en lo esencial un acuerdo político de los distintos movimientos y partidos que integran la Alternativa democrática. Este instrumento de trabajo será valioso para fortalecer los procesos de unidad y convergencia. En sentido estricto, este texto programático representa un marco de referencia de pensamiento y actuación de Alternativa Democrática.

                      El presente acuerdo político define en lo fundamental el “Programa General” de Alternativa Democrática. En relación con el “programa de gobierno”, éste será objeto de consenso entre las distintas fuerzas y movimientos democráticos que concurran al proceso de escogencia democrática del candidato único a la Presidencia de la República 2006-2010.

                      La elaboración de este “programa general” estuvo bajo la responsabilidad del Comité Ejecutivo de Alternativa Democrática: Jorge Gantiva Silva (Coordinador), Carlos Naranjo, Daniel Libreros, Arnulfo Bayona, Tiberio Trespalacios, Saúl Reyes, Francisco Valderrama, Nixon Padilla, Ricardo López y Diego Isaías-Peña 

Alternativa Democrática

Dirección Nacional

UN PROYECTO DE ESPERANZA Y DIGNIDAD

LA ALTERNATIVA DEMOCRATICA PARA UN NUEVO PAIS

Preámbulo

En el filo del abismo, los pueblos enseñan resistencia, imaginación y grandeza. Nunca como hoy las fuerzas de la renovación y la dignidad de la nación tienen la obligación moral de perfilar un horizonte de justicia, paz y democracia. La persistente y altiva resistencia de los trabajadores y del pueblo, en general, alienta la esperanza de que la “horrible noche” de la violencia y la pobreza, terminen para siempre a partir de la instauración de un nuevo orden democrático. A sabiendas de que la centenaria dominación oligárquica se empecina en perpetuarse, surge desde las profundidades de los pueblos raizales y de las experiencias de la rebeldía popular la voz de los trabajadores, de los de abajo, de los excluidos y de la nación sojuzgada, para insinuar un horizonte de transformación democrática.[1] 

La república señorial y el dominio de los Estados Unidos han destrozado la personalidad histórica de Colombia. Una y otro subordinaron los intereses de la nación y de la sociedad a los privilegios y apetitos de una ínfima minoría de pulpos económicos y empresas transnacionales que pisotearon la soberanía de la nación y el bienestar de la población. Crecientemente se ha ido instalando un proceso de recolonización que ha fracturado el aparato productivo nacional, ha sometido la nación a los dictámenes del Imperio norteamericano, ha desmontado los elementos progresivos del precario “Estado Social de Derecho”, ha acrecentado las desigualdades sociales y ha destruido las conquistas del trabajo, las riquezas de la naturaleza y el valor de la vida.

La globalización neoliberal ha significado la ruina de la economía y la soberanía nacional. Los Estados Unidos han sembrado de miserias a la humanidad, como predijera el Libertador Simón Bolívar. La política de “guerra preventiva” de la presidencia imperial de George W. Bush amenaza la paz mundial e impide el progreso y la prosperidad de las naciones. Su estrategia de atacar los “ejes del mal” pretende fortalecer su vocación de gendarme del mundo y minar los procesos democráticos de naciones independientes. Precisamente, la desestabilización de las regiones tiene el propósito de extender el fuego de la guerra a países que han reafirmado su dignidad y soberanía.[2]  Esta amenaza se cierne contra Colombia y sus anhelos de renovación democrática. 

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez tiene en ascuas al país. Con una mentalidad mesiánica y fundamentalista ha instalado un modelo de dominación bajo el mando norteamericano y de las transacionales. Siguiendo el viejo estilo del autoritarismo, ha profundizado la política de las privatizaciones y el derrumbe de los alcances del “Estado Social de Derecho” que la Constitución de 1991 prometía llevar a cabo. En el marco del plan estratégico de “Estado comunitario”, el presidente Uribe desató una ola de privatizaciones y ataques frontales al patrimonio público que minan las funciones sociales del Estado y fortalece un régimen gerencial-tecnocrático al servicio de las multinacionales, a la par que ha desatado un proceso en menoscabo de las libertades y de las conquistas de los trabajadores. La política social ha sido reducida al imperio de la ley de la oferta y de la demanda. Con las negociaciones del TLC, el gobierno colombiano ha reafirmado su carácter antinacional y antipopular. 

La política de “Seguridad Democrática” que prometió resolver el problema de la violencia, ha lesionado las libertades, los derechos ciudadanos y los Derechos Humanos. Al mismo tiempo que ha alentado un proceso de militarización de la sociedad, viene atacando importantes prescripciones constitucionales como el derecho de tutela, el papel de la Corte Constitucional y otras prerrogativas contempladas en la Carta Política. Empecinado en su política guerrerista, descaradamente niega la existencia del conflicto armado y cierra las posibilidades de abrir un proceso de diálogo y paz con la insurgencia.  

Mientras aplica su devastador paquete económico y represivo, Uribe pretende lograr la reelección para profundizar su línea de confrontación y destrucción del aparato productivo nacional. Semejante amenaza viene polarizando al país. En la recomposición del mapa político, el uribismo se empeña en salvar a los partidos tradicionales del derrumbe histórico. Reelegir a Uribe Vélez, con el agravante de un control del aparato del Estado y la manipulación de los grandes medios de comunicación y la utilización del clientelismo corruptor, sería dar continuidad a las políticas antinacionales y antipopulares y, con ello, la multiplicación de la ruina, el desempleo, el hambre, la impunidad, la injusticia y la antidemocracia en el país.

ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA, fuerza política que adelanta un proceso de afirmación, sin sectarismo, ni ambigüedades, y, consciente del valor histórico de la unidad, hace un llamado a la convergencia de los partidos y movimientos  políticos de la oposición, así como a todas las organizaciones sociales y personas comprometidas en la transformación democrática para construir una nación próspera, basada en la justicia y la democracia social, libre de cualquier control extranjero y la dominación de la oligarquía señorial.  

[3] 

Para el logro de este propósito unitario y patriótico, presentamos estas Bases Programáticas de ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA que guía la formulación de un Programa de Gobierno para ganar el favor de la voluntad popular y obtener la Presidencia de la República para construir una Colombia democrática y soberana.

Para tal efecto, el nombre del Senador y quien fuera Presidente de la Honorable Corte Constitucional, Doctor CARLOS GAVIRIA DÍAZ encarna el espíritu y el contenido de los acuerdos programáticos y compromisos políticos, aquí suscritos.

ALTERNATIVA DEMOCRATICA

Senadores de la República

Carlos Gaviria Díaz, Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda, Antonio Peñaloza

Representantes a la Cámara

Wilson Borja, Alexander López, Venus Albeiro Silva, Erminsul Sinisterra.

Comité Ejecutivo:

Jorge Gantiva Silva, Carlos Naranjo, Daniel Libreros, Tiberio Trespalacio, Saúl Reyes, José Arnulfo Bayona, Francisco Valderrama, Nixon Padilla, Ricardo López, Diego Isaías-Peña.

Movimientos y partidos políticos:

Partido Unidad Democrática, MOIR, Frente Social y Político, Movimiento Ciudadano, Partido Comunitario Opción Siete, Autoridades Indígenas de Colombia AICO.

Bogotá, marzo de 2005

Por un Estado soberano y democrático. Bases programáticas de Alternativa Democrática

Soberanía nacional y relaciones internacionales

Expresamos nuestra indeclinable decisión de defender la soberanía y la independencia de la nación de todo tipo de dominación extranjera y en especial de la que en lo económico, político, militar, territorial, ambiental y cultural ejerce el gobierno de Estados Unidos sobre nuestra patria.

Rechazamos la globalización neolibe­ral que en nuestro país tiene su expresión en los Tratados de Libre Comercio, como el que actualmente se negocia con Estados Unidos, al igual que en las imposiciones del capital financiero a través de las instituciones financieras internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Apoyamos los procesos de resistencia y las luchas que a nivel mundial adelantan los movimientos antigloba­lización.

La deuda pública es utilizada por las instituciones financieras internacionales como instrumentos de chantaje y saqueo contra el país. Hoy, sumadas la deuda interna y la externa, representan cerca de 40% de la ejecución anual del presupuesto. Este es el aspecto determinante de la crisis fiscal crónica que ha padecido el Estado colombiano desde hace años y que el FMI y el gobierno de Álvaro Uribe la descargan sobre el conjunto de la población mediante reformas tributarias regresivas y planes estructurales de ajuste. Por ello Alternativa Democrática propiciará una solución drástica a este flagelo.

Para la construcción de un Estado democrático e independiente consideramos imperioso restablecer la soberanía monetaria, cambiaria y crediticia, mediante una reforma constitucional que permita el control social sobre el Banco de la República, las decisiones acerca del precio del dinero y la recuperación del control de cambios.

Mantendremos relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países del mundo, en pie de igualdad, con respeto mutuo y beneficio recíproco. Estrecharemos lazos con todos los pueblos que luchan contra la opresión extranjera y consolidaremos una auténtica cooperación e integración de los pueblos latinoamericanos, con miras a constituir un bloque de naciones capaz de defender nuestras riquezas naturales, económicas y la identidad étnica, histórica y cultural y conseguir el desarrollo social de nuestros países.

Compartimos los deseos y esperanzas de la humanidad por la paz mundial y la prevalencia del respeto a la autodeterminación del los pueblos. Por tanto, Alternativa Democrática considera oportuno expresar su desacuerdo con la política unilateral del presidente George W. Bush y su estrategia de «Guerra Preventiva», como nueva forma de intervencionismo en los asuntos de otras naciones.

Nos pronunciamos en favor de la búsqueda de soluciones alternativas de fondo a la crisis mundial, con miras al establecimiento de un Nuevo Orden Internacional Democrático basado en la vigencia del derecho internacional, la protección y respeto de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos.

En concordancia con lo antes expuesto, para Alternativa Democrática es imperioso desmontar las bases militares de EEUU en Colombia, disponer la salida de las tropas extranjeras y mercenarios de nuestro territorio y suspender las políticas intervencionistas representadas en el Plan Colombia y en otros planes que, con el pretexto de combatir la insurgencia y el narco­tráfico, atropellan la población civil y con­culcan las libertades democráticas y los derechos civiles.

Los mecanismos de cooperación entre Colombia y otros Estados en materia de administración de justicia deben desarrollarse sobre la base del respeto pleno a la soberanía nacional y a los tratados internacionales suscritos por el Estado. El mecanismo de la extradición como herramienta útil, sólo será excepcional para la persecución de los delitos, siempre y cuando sea aplicado a los nacionales por conductas cometidas materialmente fuera del territorio nacional y sin que sean sancionados con penas más gravosas a las previstas en el ordenamiento jurídico colombiano.

Estado y régimen político

Abogamos por un régimen político que sustente un Estado Social de Derecho, entendido como un Estado soberano, pluralista y democrático, que garantice la deliberación pública, la participación ciudadana y la soberanía popular; respete y haga efectivos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la población, los de protesta, organización, reunión y huelga de los trabajadores, tanto privados como estatales, así como la acción de tutela y las libertades y garantías democráticas consagradas en la Constitución de 1991. Este Estado será administrado bajo el principio de la independencia de los poderes públicos.

Trabajaremos por un nuevo ordenamiento territorial del país que consulte las realidades económicas, sociales y culturales de las poblaciones, particularmente de las comunidades indígenas y afro colombianas, salvaguardando la unidad y la integridad territorial de la nación.

Reforma a la justicia. Abogamos por una administración de justicia imparcial, independiente, gratuita y eficaz, al servicio de todos los habitantes del territorio nacional y en especial dirigida a reivindicar los derechos de los menos favorecidos. Creemos en la necesidad de una jurisdicción especial para asegurar la justiciabilidad de los derechos sociales y descongestionar la acción de tutela. Igualmente, consideramos necesario fortalecer y ampliar los mecanismos judiciales dirigidos a dar vigencia tanto a los derechos individuales como a los sociales, económicos, culturales y demás derechos colectivos.

Impulsaremos una reforma política democrática que asegure el voto libre y soberano y elecciones ajenas a la corrupción, el clientelismo y el saqueo de los dineros públicos, para lo cual pugnaremos por la completa financiación estatal de las campañas en condiciones de igualdad y los derechos de la oposición y el acceso democrático de los partidos y movimientos políticos a los medios de comunicación.

Lucharemos por suprimir las medidas represivas que se aplican contra la población. Garantizaremos la libertad de pensamiento y expresión, mediante un estatuto de la oposición democráticamente concertado.

Régimen económico

El propósito de Alternativa Democrática es construir un Estado capaz de desarrollar una economía próspera y soberana; que se oponga a las políticas del FMI, el BM y demás instituciones financieras internacionales; e intervenga para ejercer el control sobre los sectores estratégicos fundamentales de la actividad económica, al tiempo que amparará las formas solidarias de producción y respeto a la economía campesina, y la libre iniciativa privada, exigiendo el cumplimiento de su función social, sin permitir las prácticas monopolistas y el abuso y usurpación de los derechos de los trabajadores.

El mercado interno será protegido frente a las políticas aperturistas que favorecen las grandes empresas multinacionales y serán controladas las importaciones que lesionen la producción del país, como forma principal de garantizar trabajo y empleo digno a los colombianos.

El Estado intervendrá para fortalecer la producción interna industrial, manufacturera, artesanal, agropecuaria y acuícola y la prestación de servicios por parte de los colombianos, mediante políticas estatales crediticias de fomento, investigación científica, desarrollo tecnológico e inversión en infraestructura vial.

Se recuperará la soberanía en el manejo del endeudamiento público, la banca central, la hacienda pública, la fijación de aranceles y la definición concertada de sueldos y salarios justos.

Serán suspendidas las privatizacio­nes y promoveremos la propiedad del Estado sobre las empresas estratégicas para el desarrollo económico nacional, tales como las del petróleo, la minería y la energía eléctrica, las telecomunicaciones y el espectro electromagnético, la plataforma submarina, los bosques, la fauna, los recursos marinos y los recursos naturales en general, las vías, puertos y el transporte marítimo, terrestre y fluvial.

La soberanía y la producción alimentaría del país serán reestablecidas. Se apoyará a los campesinos en sus luchas democráticas en contra de la concentración de la tierra, y a las comunidades indígenas y afro descendientes se les respetarán sus derechos históricos y sus costumbres ances­trales.

El desplazamiento forzado será drás­ticamente penalizado y se propiciará el retorno de los desplazados a sus territorios, con plenas garantías de tierra, seguridad y respaldo para su desarrollo económico y social.

En los proyectos productivos rurales se acabarán las exigencias abusivas, como las de obligar a los agricultores a utilizar semillas transgénicas e insumos predeterminados, que los supeditan a las cadenas productivas al servicio de las trasnacio­nales.

Se establecerá un sistema fiscal basado en impuestos directos y progresivos. Lucharemos contra los impuestos injustos que afectan el consumo y la canasta familiar; así mismo, nos opondremos a los privilegios tributarios de los grandes monopolios nacionales y extranjeros. Se castigará a los evasores, los contrabandistas, los especuladores y los defraudadores de los recursos y bienes del Estado.

Se restablecerá el crédito de fomento para las inversiones públicas prioritarias y el fortalecimiento de los servicios públicos de educación, salud y vivienda.

Defenderemos la participación y deliberación pública para la definición de las políticas económicas y sociales.

Fomentaremos la investigación científica, el desarrollo tecnológico y las actividades culturales que sirvan al desarrollo social y económico de la nación.

Derechos sociales, económicos y culturales

Dedicaremos nuestros mayores esfuerzos a la construcción de un Estado cuya visión esté dirigida a sentar las bases materiales, sociales, culturales y políticas para lograr en el futuro una Colombia socialmente justa, bajo el principio de que el gasto público social tendrá prioridad sobre el pago de la deuda externa, el presupuesto militar y los gastos de funcionamiento, para lo cual se efectuarán las inversiones y se adoptarán las determinaciones necesarias, fundamentalmente en los siguientes aspectos:

a. Condiciones laborales, sueldos y salarios. Propugnamos una política laboral democrática que promueva la capacidad adquisitiva de la población. Serán aumentados sueldos y salarios, de tal manera que se eleve la capacidad adquisitiva de la población. Se hará una reforma laboral democrática que restituya los derechos concul­cados a los trabajadores por la con­trarre­forma neoliberal. Lucharemos por mejores condiciones de vida y de trabajo; estableceremos un sistema de control real de precios de los artículos de primera necesidad, así como de las tarifas del transporte y de los servicios públicos.

b. Servicios públicos domiciliarios. Haremos una reforma integral al régimen especial de los servicios públicos domiciliarios estipulados en las leyes 142 y 143 de 1994 y en la Constitución Política. Este proceso replanteará las políticas sectoriales y su implementación conforme con los principios de la equidad social, redistri­bución del ingreso, solidaridad, defensa y fortalecimiento del patrimonio público estatal en el marco de la función social del Estado, bajo una propuesta económica y ambien­talmente sostenible, regulada por una activa participación ciudadana.

c. Salud pública. En el propósito de considerar la salud un derecho fundamental y no una mercancía, lucharemos por derogar la ley 100 de 1993 y expediremos otra sobre la base de garantizar la cobertura total a la población. Será respetada la autonomía médica en el diagnóstico y el tratamiento. Serán defendidas y fortalecidas la salud pública y la red pública hospitalaria y se rechazará la privatización de hospitales y centros de salud. Se recuperará la capacidad operativa del ISS. Será eliminada la intermediación del capital financiero en la prestación de los servicios de salud. Serán garantizadas condiciones dignas de trabajo para los profesionales y trabajadores del sector.

d. Educación, ciencia, cultura, recreación y deportes. La educación pública será universal, de calidad, gratuita y obligatoria en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, así como en formación técnica laboral y en educación superior. Restableceremos los derechos laborales, salariales y profesionales con­culcados al magisterio. Fomentaremos la investigación científica, el desarrollo tecnológico y las actividades culturales que sirvan al desarrollo social y económico de la nación. Impulsaremos el deporte masivo y la recreación gratuita.

e. Vivienda. Se eliminará la interme­diación financiera en la vivienda de interés social, y se aumentarán los recursos públicos para adelantar planes que faciliten a las personas la adquisición de vivienda digan. Adoptar medidas que acaben con la especulación en el suelo urbano y que resuelvan a favor de los deudores los procesos judiciales y las acciones encaminadas a despojarlos de sus viviendas por parte de las instituciones financieras. Modificar profundamente el actual sistema UVR (UPAC) en beneficio de los colombianos.

f. Pensiones. Los fondos privados de pensiones serán eliminados y se restituirán los derechos de los pensionados, con­cul­cados por los gobiernos neoliberales. Estableceremos programas especiales de atención en salud, capacitación, recreación y deportes para los pensionados del país.

g. Población vulnerable. Daremos atención especial a los menores y a las personas de la tercera edad. Habrá respeto, protección y programas especiales de ocupación laboral, capacitación, recreación y deportes para hombres y mujeres cabeza de familia, adultos mayores, discapacitados, multiimpedidos, indigentes y adictos.

h. Mujer. Garantizaremos la igualdad de derechos para la mujer. Aseguraremos las mismas oportunidades en el acceso a los cargos públicos y al mundo del trabajo, y defenderemos el precepto de «igual trabajo, igual salario». Rechazaremos las expresiones sexistas, la violencia pública y privada contra las mujeres. Nos opondremos a la utilización del cuerpo como botín de guerra.

i. Diversidad sexual. Se reconocerá el libre desarrollo de la personalidad. Impulsaremos políticas que promuevan derechos plenos de la comunidad de homosexuales, bisexuales y transgeneristas.

Medio ambiente y desarrollo sostenible

En el marco de políticas de desarrollo sostenible y de protección y conservación del medio ambiente y la biodiversidad, se permitirá la explotación del subsuelo y de los recursos naturales renovables y no renovables del país, protegiéndolos de la voracidad de las multinacionales y sus megaproyectos. Esa explotación se hará según las necesidades internas de la nación, y se estimulará la participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones al respecto. Impediremos la privatización de la naturaleza y el saqueo de nuestra biodiversidad con la utilización y apropiación transnacional del genoma de plantas y animales a través de las patentes y las normas de propiedad intelectual

Paz y derechos humanos

Alternativa Democrática aboga por una salida política al conflicto armado que hoy desangra a Colombia y por acuerdos humanitarios entre el Estado y la insurgencia, que pongan fin al sufrimiento de las personas que están privadas de su libertad por causa del conflicto.

Nos pronunciamos por la legitimidad democrática del Estado en todas las esferas de la sociedad y que preserve para sí el monopolio de la utilización de las armas. Se deberán desmontar todas las formas de uso del terror por parte del Estado, del genocidio político, las masacres de la población civil, la desaparición, el desplazamiento forzado y en especial las estructuras paramilitares, garantizando un verdadero proceso de verdad, justicia y reparación integral a las víctimas y a la sociedad en general.

Alternativa Democrática repudia todas las formas de terror; en particular, el atentado personal, el secuestro, la extorsión, las acciones armadas contra la población civil, que en modo alguno son formas legítimas de la lucha de los pueblos, por lo que condenamos todo acto de esta naturaleza. En el contexto de la dominación imperial, nos oponemos a la concepción de «lucha antiterrorista» que los gobiernos norteamericano y colombiano utilizan como pretexto para perseguir las expresiones de lucha popular que se oponen a la política imperante.

Conquistaremos la vigencia y el respeto de los derechos humanos en su inte­gralidad, logrando que las instituciones y las estructuras del poder hagan viable su realización, para superar la grave crisis huma­­nitaria que atraviesa el país.

En el marco general de las anteriores bases programáticas, Alternativa Democrática apoya e impulsa las protestas de la ciudadanía, las movilizaciones populares, las luchas cívicas y las distintas expresiones de descontento contra las políticas impuestas por el capitalismo internacional y, en la actualidad, contra el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su intento de reelección. Propugnamos, en consecuencia, un proceso de convergencia y unidad para construir una alternativa de poder.

Alternativa Democrática

Senadores de la República:

Carlos Gaviria Díaz, coordinador nacional y precandidato presidencial de Alternativa Democrática.

Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda, Antonio Peñaloza, Efrén Tarapués.

Representantes a la Cámara:

Wilson Borja, Alexander López, Venus Albeiro Silva, Ermínsul Sinisterra.

Movimientos y partidos políticos:

Partido Unidad Democrática, MOIR, Frente Social y Político, Movimiento Ciudadano, Partido Comunitario Opción Siete, Autoridades Indígenas de Colombia AICO.

Comité Ejecutivo:

Jorge Gantiva Silva, Carlos Naranjo, Daniel Libreros, Tiberio Trespalacios, Saúl Reyes, José Arnulfo Bayona, Francisco Valderrama Mutis, Nixon Padilla, Ricardo López, Diego Isaías-Peña.