SEGURIDAD DEMOCRATICA: MANO DURA CON LAS VICTIMAS, CORAZÓN GRANDE CON LOS VICTIMARIOS

28 septembre 2005 3 28 /09 /septembre /2005 00:00

SEGURIDAD DEMOCRATICA: MANO DURA CON LAS VICTIMAS, CORAZÓN GRANDE CON LOS VICTIMARIOS
(16 de Septiembre de 2005 11:23:08)

Resulta oportuno el otorgamiento de un plazo perentorio para que se de atención eficaz a la población desplazada. Una política de seguridad debe atender con cuidado las víctimas del conflicto si se quiere evitar la renovación indefinida de actores del conflicto. Así, no es concebible que miembros de grupos armados ya condenados sean beneficiarios de la ley sin que tengan que aportar nada a cambio, salvo el cumplimiento de la función de informantes, mientras sus víctimas se condenan a la miseria.

El desplazamiento en Colombia es a la vez causa y efecto de la crisis humanitaria. Miles de personas han sido despojadas de sus tierras o desalojadas de su lugar de residencia como consecuencia de las acciones violentas de los grupos armados. De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en un estudio financiado por entidades de cooperación internacional en el año 2004 “por lo menos 287 mil 581 personas fueron desplazadas por acciones atribuidas a la Fuerza Pública, a los grupos guerrilleros y a las facciones paramilitares. Es decir, el desplazamiento registra un aumento del 38.5% frente al año 2003 cuando se reportaron 207.607 personas desplazadas”.

Tal situación es aun más grave si se tiene en cuenta la actitud asumida por el gobierno frente a este gravísimo problema. De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas un “estudio reciente (Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo) revela que sólo el 30.41 % de los hogares desplazados individualmente entre 1997 y 2004 y el 8% de las familias desplazadas de manera masiva recibieron atención humanitaria de emergencia…Según el Programa Mundial de Alimentos, la población desplazada padece condiciones de vida peores que la población pobre y ´el 23% de las niñas y niños desplazados está en riesgo de desnutrición, siendo más afectados aquellos entre uno y dos años de edad”

Por su parte, tal como lo señala el propio gobierno según información del diario EL TIEMPO, el 78 % de los desplazados no recibe ayuda de emergencia, el 80 % no tiene cobertura de salud y el déficit de vivienda de esta población es del 98 %. Mientras esto sucede, a paramilitares y guerrilleros capturados o condenados se les ofrece una política de reinserción generosa (aunque no siempre real). De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República, la asignación presupuestal para el desplazamiento es 30% menos que el destinado al proceso de reinserción, con lo que se demuestra que el Gobierno nacional es más generoso con los victimarios que con las víctimas.

Por todo lo anterior, resulta completamente oportuno el llamado de atención hecho por la Corte Constitucional al Gobierno y la concesión de un plazo perentorio para que se produzca un cambio serio en el rumbo de la política de atención a la población desplazada. Una política de seguridad y de paz debe atender con especial cuidado las víctimas del conflicto si se quiere evitar que por la vía de los resentimientos y el dolor producido por el desarraigo se continúe con la renovación indefinida de sujetos armados. No es concebible que hoy se permita incluso que miembros de estos grupos ya condenados puedan ser beneficiarios de la ley de Justicia y Paz, sin que tengan que aportar nada a cambio salvo el cumplimiento políticamente cuestionable de la función de informantes, mientras sus víctimas se condenan a la miseria. Dirán que es un problema presupuestal; yo creo que es un problema de voluntad política. ¿No será posible pensar, por ejemplo, en una medida fiscal de emergencia dirigida a garantizar los derechos constitucionales de estas personas, así como en el momento de crisis del sistema financiero se acudió al tres por mil para salvar a las entidades bancarias o como al inicio del gobierno del presidente Uribe se estableció el impuesto al patrimonio para financiar la seguridad democrática?. En una política de seguridad integral como la que proponemos eso es posible; para la política de “seguridad democrática”, tal como lo demuestran los hechos, no parece que fuera deseable.